Pero los incendios forestales en esta época del año, al igual que los desbordes de ríos y deslizamientos de quebradas, durante los meses de enero a marzo, son una historia común en esta parte de América del Sur. Los incendios forestales, son origen de una falta de prevención que va de la mano de una inadecuada fiscalización ambiental. Pero no sólo eso, esta crisis ambiental, es producto de un modelo de desarrollo que pone a las necesidades del hombre por encima de los derechos de la naturaleza y el buen vivir.

No es el primer incendio forestal de nuestra historia, pero que va sumando, en un escenario de cambio climático, a la depredación de nuestra Amazonía, que es el pulmón de nuestra tierra y que, genera afectación directa a los pobladores de las zonas, como comunidades y pueblos indígenas u originarios y, más aún a los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial.

Ante esta situación presentada en países vecinos, en el Perú, es preciso señalar que esto no es un problema de falta de legislación, la Ley Forestal es clara en lo que respecta a la prevención y control de incendios forestales; además el Reglamento de dicha norma indica la prohibición de quema de recursos forestales. Por otro lado, el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Incendios Forestales 2019-2022” indica que la importancia de la prevención, pero se olvida de algo importante, metas y que las capacitaciones y despliegue de acciones deben hacerse antes del inicio de la temporada de quemas; las cuales se dan en bosques andinos y amazónicos.

Sin embargo, nada de lo señalado se viene cumpliendo. ¿Pregunto, hasta cuándo el Ejecutivo debe entender que las políticas públicas, ante riesgos que son previsibles, deben ser coordinadas, desde el enfoque de la prevención? Más aún cuando en un escenario de cambio climático, la temporada de quemas, nos lleva a mayor vulnerabilidad y genera huella ambiental y, desplazamientos ambientales. La respuesta ante esto es que los agricultores o comuneros son los irresponsables. La respuesta de mi parte es que es el Ejecutivo el irresponsable, por no promover un diálogo de saberes interculturales con nuestras comunidades y pueblos indígenas y, no capacitar, ni orientar, a quienes ajenos a esos saberes tienen concesiones forestales. El Ejecutivo es el responsable, por esperar hasta que se inicien las quemas y salir a culpar a otros, ante su propia ineptitud.

El problema de los incendios forestales no es solo ambiental, sino también debe ser atendido desde el enfoque intercultural. Las prácticas de quema de áreas forestales son prácticas culturales, que deben ser atendidas desde el Estado, desde el diálogo intercultural. Pero no solo eso, sino que, además, los incendios forestales golpean a nuestras comunidades y a nuestros pueblos indígenas u originarios, los cuales son los más vulnerables ante el cambio climático y que viven en extrema pobreza.

Por ello, insto a las autoridades competentes a que atiendan con eficiencia la problemática ambiental que estamos viviendo, pero que también ejerzan el control y fiscalización que la norma forestal les indica, de lo contrario estaríamos no sólo ante una falta administrativa, sino también ante un posible delito ambiental. Nuestros bosques se queman, pero se quema también nuestras esperanzas de luchar contra el cambio climático.