Daniel Cotlear, exdirector del proyecto de apoyo a la cobertura universal de salud del Banco Mundial, ha prepublicado el estudio “La cobertura y las colas de Essalud: Una tomografía económica. Lo bueno, lo malo y lo feo”. Con esta contribución busca determinar quiénes financian los servicios que brinda Essalud y quiénes se benefician de ellos, así como fomentar el debate sobre políticas de protección social en el Perú.

Tras clasificar la población total de Essalud en trabajadores del sector privado (52%), trabajadores del sector público (26%) y pensionistas y sus familias (13%), estima cuánto aporta cada grupo y cuánto recibe en beneficios de Essalud. Siguiendo esta clasificación, analicemos quiénes asumen la carga de financiamiento sobre la seguridad social y cómo hay una evidente disparidad entre los grupos de aportantes.

Los trabajadores públicos aportan S/1.850’813.369, pero consumen S/2.282’408.027 en servicios de salud. Esto porque, aunque la contribución a Essalud la debe realizar el empleador por cada trabajador y debe equivaler al 9% del salario, el Estado elude pagar parte de su contribución a la seguridad social como empleador amparado en reglas asimétricas. Así, por los trabajadores de la modalidad CAS, el empleador público paga el 9% del 30% de una UIT, contribuyendo solo con alrededor del 4% del salario. Por su parte, para los trabajadores del magisterio y del Ministerio de Salud, el monto aportado por trabajador es del 65% del salario total, con lo que su contribución efectiva es de alrededor de 6%.

En el sector privado, un grupo privilegiado son los empleadores de los trabajadores agrarios, que pagan solo el 4% de su salario. Y, aunque aportan S/155’675.618, las atenciones de este grupo ascienden a S/351’960.431.

En el caso de los pensionistas, hay un tema importante: la entrada en vigor de la Ley 30478, que permite que quienes alguna vez aportaron a una administradora de fondos de pensiones (AFP) –incluso si no llegaron a contribuir de modo suficiente para alcanzar una pensión mínima– sean automáticamente admitidos de forma vitalicia en Essalud cuando cumplen 65 años. Basta con que soliciten que se les entregue el 95,5% del monto disponible en su cuenta y que el 4,5% restante –así sea un valor insignificante– sea transferido a Essalud para lograr su cobertura y la de su familia. Ellos ya suman 237.000 personas, equivalentes al 2% de la población total de Essalud.

Como explica Cotlear, históricamente empleadores y empleados pagaban contribuciones a la seguridad social. Pero, cuando en la década de 1990 se separa la salud de las pensiones, la contribución del trabajador pasó enteramente a pensiones para crear cuentas individuales en el sistema privado. Por ausencia de opciones, las contribuciones del empleador fueron asignadas a Essalud. La tasa aplicable para trabajadores en actividad es del 9% de la remuneración y para los pensionistas es del 4% de la pensión. Según la OIT, el 54% de las pensiones pagadas por las AFP son inferiores que la pensión mínima pagada por la ONP.

Dadas todas estas excepciones y tratos diferenciados, son los trabajadores formales del sector privado quienes terminan siendo el principal financiador de Essalud: contribuyen con S/6.297’125.694 pero consumen S/3.266’898.676. En este sentido, me pregunto si no sería deseable que tanto el Estado como los empleadores del sector agrario aporten por igual, sin sistemas preferentes, para que los asegurados cuenten con un mejor sistema de salud. Y si no sería aconsejable que, antes de aprobar una ley como la 30478, los congresistas analicen su impacto en la sostenibilidad de Essalud y el efecto sobre la calidad de los servicios para los asegurados. O, si en el escenario ideal que Essalud se diera abasto con los recursos que tiene, no sería mejor disminuir los costos laborales para todos y tener un mercado laboral más flexible.

Necesitamos evaluar seriamente nuestra política de protección social. Esta, como afirma Cotlear, no es transparente, no es equitativa y no incluye el financiamiento necesario para permitir, en este caso a Essalud, mantener su función original de dar cobertura financiera y prestacional a los trabajadores del sector formal.